PSOE de Moguer. 7 de noviembre de 2012.
El pasado martes, 6 de noviembre, el Tribunal Constitucional daba al traste con las pretensiones de la rancia derecha de este país, representada por el PP, para acabar con uno de las iniciativas socialistas más importantes con relación a la igualdad de las personas: la Ley de Matrimonio Igualitario aprobado durante el primer mandato del presidente de la Nación José Luis Rodríguez Zapatero, es decir el PSOE, en junio de 2005.
Con ocho votos a favor y tres en contra, el Constitucional daba por concluida una etapa de siete años en los que los derechos de las personas LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) han estado amenazados por las pretensiones de tinte moralista, aunque con intenciones represoras, de los sectores más conservadores de nuestro país, liderados por Mariano Rajoy y el Partido Popular, quienes en septiembre de 2005 presentaron un recurso ante el TC para que declarasen inconstitucional la Ley que permitía, por fin, contraer matrimonio entre personas del mismo sexo.
22.124 parejas (44.248 personas) habrían visto truncadas sus ilusiones y, sobre todo, destrozados sus derechos. Felizmente, muchas de estas personas hoy pueden respirar tranquilas porque la Constitución ampara definitivamente y sin fisuras el matrimonio sin distinciones. El matrimonio es matrimonio, sin apellidos.
El PSOE de Andalucía ha confeccionado unos Presupuestos para 2013 comprometidos con la ciudadanía, en los que se priorizan el Empleo, la Sanidad, la Educación Pública y los servicios a las personas. Estos Presupuestos son claramente diferentes a los del Gobierno Central, que ha preferido comprometerse con la banca, en vez de con las personas.
El Presidente Griñán y el gobierno andaluz intentan de esta manera proteger los servicios públicos y el Estado del Bienestar, así como potenciar la lucha contra el desempleo como elementos básicos, frente a la ola de destrucción y privatización de estos servicios públicos que está realizando Rajoy desde Madrid.
Por ello, desde Andalucía, se hará frente al recorte del 55% en las transferencias del Estado para políticas concretas como educación, sanidad y dependencia. Para los socialistas, es fundamental garantizar una educación y una sanidad públicas y de calidad. Los presupuestos blindan cualquier tentativa de privatización de la sanidad y de copago, tal como está sucediendo en la Comunidad Autónoma de Madrid donde se ha implantado recientemente el pago por receta.
En educación, la Junta de Andalucía, además de continuar con el gasto para funcionamiento de centros escolares, la gratuidad de los libros de texto, el Plan de Apertura de Centros Docentes, la Escuela TIC 2.0 y el transporte escolar, incrementará un 7% en becas para garantizar la igualdad de oportunidades. Adicionalmente, se destinarán 1.420 millones de euros a las universidades, vinculado al acuerdo de financiación actualmente en prórroga.
Ahora más que nunca, el deber de un gobierno de izquierdas es proteger a los que menos tienen. Por ello, el presupuesto andaluz de 2013 prevé un Plan Extraordinario de Acción Social (60 millones), el Programa de Solidaridad (70 millones) y la Red de Solidaridad Alimentaria (20 millones). Además, el gobierno andaluz subirá las pensiones asistenciales, al incrementar un dos por ciento el complemento autonómico.
En relación a las políticas de empleo, el gobierno andaluz también quiere diferenciarse del gobierno central, que ha recortado un 84 % las políticas de formación y un 44% las de emprendimiento. En este sentido, Griñán quiere remarcar que el objetivo prioritario de la acción de gobierno de la Junta en el próximo ejercicio es crear empleo y que nadie se quede atrás. Otra diferencia notable reside en la apuesta en I+D+I. Mientras Rajoy recorta más de 2.000 millones de euros en investigación y desarrollo, el gobierno andaluz destina 500,6 millones a políticas de I+D+I, y en Telecomunicaciones y Sociedad de la Información se dispondrá de 72,3 millones, un 29,8 % más.
Paralelamente, desde el PSOE de Andalucía se trabajará intensamente para que el Gobierno de Rajoy resuelva definitivamente una medida que los socialistas vienen defendiendo desde 2011, la dación en pago. La izquierda no puede consentir que una familia que no pueda pagar una hipoteca porque se ha quedado sin empleo se vea desahuciada y tenga que seguir pagando a un banco que tenga apoyo económico del gobierno, es decir, de los propios ciudadanos.
Con motivo de la huelga general del 14 de Noviembre, UGT inicia hoy una campaña, a través de la difusión de 9 vídeos, cuyo propósito es denunciar la utilización de la crisis para recortar derechos. Esta campaña, bajo el epígrafe "Hay culpables", aclara que hay otras soluciones y alternativas más justas para salir de la crisis.
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